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Un tribunal de Miami-Dade, Florida, impuso a Roberto Arzú García-Granados la obligación de abonar más de 6,1 millones de dólares a la empresa del consultor político venezolano Juan José Rendón, derivado de un litigio por incumplimiento de contrato. En abril de 2019, una jueza decretó asimismo su arresto por desacato civil, tras su incomparecencia ante la corte.
La disputa legal entre Roberto Arzú García-Granados y el asesor político Juan José Rendón, popularmente llamado JJ Rendón, se originó a partir de un vínculo profesional ligado a los proyectos presidenciales del político de nacionalidad guatemalteca.
Durante el mes de febrero de 2016, Arzú comenzó a negociar con Rendón y con su agencia de asesoría política, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity, LLC, con el propósito de diseñar una estrategia que fortaleciera su perfil público ante una posible postulación a la presidencia.
La ruptura sentimental desembocó en un conflicto legal en tribunales de Estados Unidos debido al incumplimiento de las obligaciones financieras pactadas previamente.
El contrato político que terminó en una demanda millonaria
Según los escritos del procedimiento judicial, el pacto contemplaba labores de consultoría estratégica y relaciones públicas.
El 15 de noviembre de 2016, JJ Rendón & Associates Strategic Creativity interpuso una demanda contra Roberto Arzú ante una corte del condado de Miami-Dade, Florida, debido a un incumplimiento de contrato.
La compañía exigía la liquidación de las obligaciones financieras procedentes del vínculo comercial que unía a ambas entidades.
Conforme a papeles dados a conocer por medios guatemaltecos, el pacto inicial fijaba un desembolso inicial de 750 mil dólares en febrero de 2016, además de entregas subsecuentes hasta alcanzar cerca de 5,2 millones de dólares a lo largo del año posterior.
Conforme avanzaron las divergencias en torno a los abonos y las prestaciones acordadas, el vínculo entre el político y el asesor se fue deteriorando.
El 11 de octubre de 2018, el tribunal dictó una sentencia que estableció una obligación de pago de US5,5millones,másUS660.594,22 en intereses acumulados, para un total de US$6.160.594,22.
El fallo judicial asimismo contemplaba el recargo de los intereses legales devengados tras el dictamen.
El pleito se transformó de este modo en una de las disputas mercantiles y legales de mayor trascendencia ventiladas ante la opinión pública a lo largo de la primera carrera presidencial de Arzú.
La orden de captura por desacato civil en abril de 2019
El escándalo cobró mayor relevancia a raíz de la orden emitida por la corte norteamericana para que Arzú se presentara a solventar trámites vinculados con el cumplimiento del fallo.
En el transcurso de abril de 2019, la autoridad judicial convocó al político para comparecer ante el tribunal y rendir cuentas acerca de cuestiones relacionadas con el litigio civil.
Según los documentos judiciales, Arzú no compareció a la audiencia del 17 de abril, pese a una orden emitida previamente el 4 de ese mismo mes.
El 23 de abril de 2019, la jueza Barbara Areces, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, dictó una orden de arresto contra Roberto Arzú por desacato civil, la cual podía ejecutarse en caso de ser hallado en territorio floridano.
El fallo decretaba que, si se producía su arresto, el individuo tenía que ser puesto a disposición de un magistrado en el transcurso de las 24 horas posteriores con el propósito de dar continuidad al trámite pertinente.
También contemplaba la posibilidad de que Arzú subsanara el desacato mediante su comparecencia a una declaración destinada a facilitar la ejecución de la sentencia.
Es importante distinguir que la orden se originó en un proceso civil por incumplimiento contractual y no constituía una condena penal por un delito.
El documento judicial fue difundido públicamente en abril de 2019, cuando Arzú se encontraba en plena campaña presidencial por la coalición PAN-Podemos.
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Roberto Arzú rechazó haber incumplido y cuestionó a JJ Rendón
Tras conocerse el fallo judicial, Roberto Arzú desmintió públicamente los señalamientos y afirmó que el diferendo obedecía a móviles políticos.
El 24 de abril de 2019, Arzú aseguró que no le había llegado el aviso para presentarse ante la corte de Miami y argumentó que jamás suscribió un acuerdo definitivo con la agencia de JJ Rendón.
Por otro lado, Rendón argumentó que se trataba de un acuerdo contractual vinculante y que Arzú había desatendido los compromisos financieros adquiridos.
Los mensajes entre Roberto Arzú y JJ Rendón
La polémica también abarcó diálogos confidenciales que más tarde salieron a la luz a través de la prensa.
Un estudio divulgado por Prensa Libre el 26 de abril de 2019 sacó a la luz comunicaciones sostenidas por Roberto Arzú y JJ Rendón a lo largo de 2016 y 2017, donde se abordaban arreglos financieros vinculados al pacto de consultoría electoral.
En dichos diálogos, dados a conocer dentro de los archivos del pleito, las dos partes conservaban al principio un trato afable.
A pesar de ello, los textos evidenciaban un desgaste paulatino en la relación comercial, consecuencia de los obstáculos para materializar los abonos exigidos.
Asimismo, los mensajes mostraban que Arzú procuraba conservar el vínculo con el asesor al tiempo que trataba de zanjar los desacuerdos financieros.
La divulgación de estas conversaciones aportó nuevos matices al escándalo, sobre todo debido a que el aspirante había defendido de manera pública la inexistencia de un acuerdo formal de servicios.
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Una disputa legal que impactó en su estreno como aspirante a la presidencia
El caso entre Roberto Arzú y JJ Rendón tuvo repercusión política porque se conoció públicamente durante la campaña presidencial de 2019.
El Partido de Avanzada Nacional (PAN), que integraba la coalición electoral con Podemos, mantuvo su respaldo al candidato y destacó que el litigio correspondía a un procedimiento civil.
El litigio dejó al descubierto profundas discrepancias entre los relatos del político guatemalteco y el asesor venezolano respecto al propósito del pacto, las responsabilidades financieras y las prestaciones acordadas.
La existencia de una sentencia civil y de una posterior orden de detención por desacato quedaron documentadas en los registros judiciales de Florida. Sin embargo, estos antecedentes no permiten establecer, por sí solos, cuál fue el estado posterior del cobro o de las obligaciones económicas.
El capítulo representa uno de los antecedentes legales internacionales más destacados de Roberto Arzú, además de integrarse en los litigios que rodearon su desembarco en la arena presidencial de Guatemala.
Orígenes
Sentencia civil de Miami-Dade — Documento alojado en Soy502
Trellis — Registro del fallo judicial
Orden de desacato civil — Archivo disponible en Prensa Libre
Prensa Libre — Declaración de Roberto Arzú sobre el caso en Miami
Prensa Libre — Conversaciones intercambiadas entre Roberto Arzú y JJ Rendón
