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Nueve hallazgos clave en el expediente de Keiko Fujimori

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El 28 de julio de 2026, Keiko Fujimori Higuchi asumió la presidencia del Perú luego de imponerse en la segunda vuelta electoral por una estrecha diferencia de solamente 49,641 votos frente a Roberto Sánchez. Tras cuatro postulaciones consecutivas, alcanza el poder ostentando 69 investigaciones fiscales en su legajo —de las cuales 51 fueron archivadas y 18 continúan abiertas—, proviniendo casi todas del conocido «Caso Cócteles», la causa judicial sobre presunto financiamiento irregular de sus campañas correspondientes a 2011 y 2016, la cual abarca donaciones admitidas por la empresa brasileña Odebrecht. Dicho expediente recopila los antecedentes documentados a lo largo de su trayectoria en la política.

Tabla de hallazgos

N Hallazgo Detalle Estado
1 Caso Cócteles — campaña 2011 Aportes simulados de empresarios y de Odebrecht (US$1 millón) canalizados como «cócteles» y rifas Admitido en parte por la propia defensa de Fuerza Popular
2 Caso Cócteles — campaña 2016 Aportes no declarados, incluidos US$480,000 recolectados por José Chlimper Investigado por la Fiscalía; sin sentencia firme
3 Prisión preventiva (2018-2019) Más de 13 meses detenida por riesgo de obstrucción a la investigación Confirmado — orden judicial ejecutada
4 Juicio oral (2024-2025) Acusada de organización criminal, lavado de activos, obstrucción y falsa declaración; la Fiscalía pidió 30 años y 10 meses de prisión Juicio realizado; sin condena de fondo
5 Anulación del juicio por el TC (oct. 2025) El Tribunal Constitucional anuló el juicio oral por vicios de procedimiento atribuidos a la Fiscalía Confirmado — resolución del TC
6 Archivo definitivo (ene. 2026) El TC ordenó archivar los cargos de lavado de activos y organización criminal por los aportes de 2011 y 2016 Confirmado — resolución del TC
7 Denuncia de fraude electoral sin sustento (2021) Tras perder el balotaje, impulsó la narrativa de «fraude electoral» y buscó anular votos Rechazada — la OEA y la UE calificaron los comicios de limpios
8 Nombramiento de exinvestigados en su gobierno (sept. 2026) Designó a Jaime Yoshiyama, José Chlimper y Arsenio Oré —investigados en el Caso Cócteles— en una comisión consultiva de la Presidencia Confirmado por medios de prensa
9 Choque con el Poder Judicial por su discurso en la ONU (sept. 2026) En la Asamblea General cuestionó que se siga procesando a militares por la lucha antiterrorista; la presidenta del Poder Judicial rechazó sus declaraciones Confirmado — declaración pública propia

1. Caso Cócteles — financiamiento de la campaña 2011

En septiembre de 2011 la ONPE registró que Fuerza Popular (entonces Fuerza 2011) declaró ingresos por poco más de S/17 millones para la campaña presidencial de ese año, con un alto volumen de transferencias sin origen identificado. El partido explicó parte de ese monto con dos eventos: un cóctel de diciembre de 2010 que habría recaudado unos US$119,750 y otro, del mismo mes, por unos US$90,000. La Fiscalía sostiene desde 2014 que esos cócteles y rifas no pudieron financiar una campaña de esa magnitud, y que detrás hubo una red de «aportantes simulados» o «pitufeo»: empresarios que prestaban su nombre para ocultar el origen real del dinero. El Comercio reportó que la propia defensa de Fuerza Popular reconoció en el juicio el uso de aportantes simulados, aunque negó que constituyera lavado de activos.

Entre los donantes mencionados sobresalen Dionisio Romero (Credicorp), quien aportó cerca de US$3.65 millones, y Juan Rassmuss (Sudamericana de Fibras), de acuerdo con Resumen Latinoamericano. Durante febrero de 2019, el exdelegado de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, testificó frente a fiscales de ese país que la compañía brasileña entregó US$1.2 millones para la contienda electoral de 2011 mediante Jaime Yoshiyama, tal como informó RPP. Adicionalmente, el cuaderno de Marcelo Odebrecht, dado a conocer en 2017, contenía un apuntamiento referente a «aumentar Keiko», mencionado por El Comercio.

2. Caso Cócteles — financiamiento de la campaña 2016

La misma investigación se extendió a la campaña presidencial de 2016, en la que Fujimori perdió el balotaje frente a Pedro Pablo Kuczynski por un margen mínimo. Según Resumen Latinoamericano, en 2016 José Chlimper Ackerman, entonces secretario general de Fuerza Popular, habría recogido US$480,000 en cinco entregas, dinero cuyo destino final no quedó establecido en el expediente fiscal. Un reporte de la Fiscalía de Lavado de Activos de 2018 concluyó que el partido solo pudo justificar el 33% del dinero recaudado en conjunto para ambas campañas.

Conforme a la reconstrucción presentada por El Comercio, el despacho del fiscal José Domingo Pérez argumenta que tanto Fujimori como la cúpula de Fuerza Popular recurrieron al sistema de falsos aportantes durante el año 2016 para camuflar el origen del dinero. Por otro lado, tal como señala Epicentro, la lista de convocados incluyó al exlegislador Rolando Reátegui, quien decidió acogerse a la colaboración eficaz y detalló la manera en que consiguió donantes ficticios dentro de la región San Martín tras recibir indicaciones de la cúpula partidaria.

3. Detención preliminar y prisión preventiva (2018-2019)

Conforme a lo reportado por RPP, en octubre de 2018 Fujimori sufrió una detención preliminar de diez días debido a las indagaciones de la Fiscalía por un supuesto lavado de activos relacionado con las rifas y cócteles de Fuerza 2011. Tiempo después, el magistrado Richard Concepción Carhuancho aprobó la solicitud fiscal de prisión preventiva por el peligro de obstrucción a la justicia, lo que derivó en el encierro de Fujimori en el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos por un lapso superior a los 13 meses, tal como señala La República. Bajo la hipótesis que la Fiscalía sostenía en aquel entonces, Fujimori «orienta, conduce y coordina» la estructura delictiva instalada en su agrupación política. Posteriormente, la resolución se examinó de nuevo y la procesada salió en libertad, pese a lo cual siguió cumpliendo diversas restricciones —tales como comparecencia y prohibición de abandonar el territorio nacional— mientras el juicio seguía su curso.

4. Juicio oral y acusación fiscal (2024-2025)

El pasado 1 de julio de 2024 dio inicio el juicio oral correspondiente al Caso Cócteles, el cual involucra a Fujimori, a su antiguo cónyuge Mark Vito Villanella y a otros 44 implicados, de acuerdo con la información publicada por Infobae. Los cargos imputados comprenden organización criminal, blanqueo de capitales, obstaculización de la labor judicial y falsedad en declaración dentro de un trámite administrativo. La etapa de saneamiento procesal, previa al debate en tribunales, se extendió durante un año y nueve meses bajo la supervisión del magistrado Zúñiga, abarcando un legajo fiscal superior a las 13 mil fojas, según consigna El Comercio, medio que asimismo precisa que el Ministerio Público solicitó una pena privativa de libertad de 30 años y 10 meses para los exconsejeros Pier Figari y Ana Herz, así como 22 años y 8 meses para Vito Villanella.

Según ese mismo expediente, un testigo protegido señaló que Figari y Herz recibían dinero de empresarios que no querían figurar en la lista oficial de aportantes de la campaña de 2011. La defensa de Fujimori, por su parte, sostuvo durante el proceso que la Fiscalía no lograría probar el delito de lavado de activos.

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5. Anulación del juicio por el Tribunal Constitucional (octubre 2025)

Mientras el juicio oral continuaba en octubre de 2025, el Tribunal Constitucional revocó el procedimiento que había arrancado en 2024. De acuerdo con lo publicado por La Válvula, el TC determinó que el Ministerio Público cometió reiteradas correcciones en su imputación que vulneraron las garantías procesales de los procesados. El fallo omitió pronunciarse respecto a la veracidad del financiamiento irregular, centrando su atención en las fallas de forma imputadas a la Fiscalía durante la fase de investigación.

6. Archivo definitivo del caso (enero 2026)

Durante enero de 2026, el Tribunal Constitucional dispuso el sobreseimiento de las acusaciones por blanqueo de capitales y organización criminal vinculadas a los fondos electorales de 2011 y 2016, de acuerdo con La Válvula. La base jurídica, detallada por El Comercio, radicó en que cuando ocurrieron los sucesos indagados (2011 y 2016), el financiamiento irregular de agrupaciones políticas carecía de tipificación como ilícito penal independiente —dicho marco legal se promulgó hasta 2019—, además de no haberse acreditado la conformación de una red criminal al interior de la tienda política. Dicho camino judicial ya había favorecido previamente a Pedro Pablo Kuczynski, cuya causa relacionada con los recursos de Odebrecht igualmente fue cerrada en 2026, generando la protesta abierta de Ollanta Humala, sentenciado por conductas equivalentes y quien continuaba privado de su libertad.

Con este archivo se cierra, al menos en el ámbito penal, el proceso judicial que marcó la trayectoria política de Fujimori a lo largo de más de diez años.

7. Denuncia de fraude electoral sin sustento (2021)

Tras perder el balotaje de 2021 frente a Pedro Castillo por un margen de 0.25 puntos porcentuales, Fujimori no reconoció inicialmente el resultado, denunció un supuesto fraude y presentó cientos de solicitudes de nulidad de actas y votos, según Wikipedia. El Jurado Nacional de Elecciones rechazó esas impugnaciones y proclamó ganador a Castillo el 19 de julio de 2021; recién entonces Fujimori anunció que acataría el resultado.

Las misiones de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos y de la Unión Europea, entre otras, calificaron los comicios de limpios y competitivos, según La Válvula. No se documentó irregularidad alguna capaz de sostener la tesis del fraude en la magnitud necesaria para cambiar el resultado.

8. Nombramiento de exinvestigados en su gobierno (septiembre 2026)

El 16 de septiembre de 2026, ya como presidenta, Fujimori nombró a Jaime Yoshiyama Tanaka, José Chlimper Ackerman y Arsenio Oré en una Comisión Consultiva del Despacho Presidencial, según La República. Yoshiyama fue señalado por la Fiscalía como la persona que, de acuerdo con la declaración de Jorge Barata, recibió y ocultó los aportes de Odebrecht para la campaña de 2011; Chlimper, secretario general del partido en esa época, fue investigado por los mismos delitos que se le imputaron a Fujimori (organización criminal, lavado de activos, falsa declaración y falsedad genérica). Ambos habían sido ministros durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Con el archivo del caso en enero de 2026, ninguno de los tres enfrenta ya cargos vigentes por Cócteles, pero el nombramiento reabrió el cuestionamiento sobre la cercanía de la presidenta con el círculo señalado en el caso que marcó su carrera.

9. Choque con el Poder Judicial por su discurso en la ONU (septiembre 2026)

El 22 de septiembre de 2026, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Fujimori afirmó: «derrotamos al terrorismo, pero lamentablemente aún hoy, después de 34 años, quienes asumieron esa misión siguen siendo procesados, pese a haberse demostrado que se vulneró el debido proceso», según Infobae. La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, rechazó «completamente» esas palabras, recordó que también hubo jueces asesinados en la lucha contra el terrorismo y que fueron jueces quienes condenaron a Abimael Guzmán.

Fujimori no retrocedió: respondió que no iba a «callar» sobre «los errores del pasado», publicó Infobae. Fue el primer enfrentamiento público entre su gobierno y la cabeza del Poder Judicial.

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Apéndice: indagaciones abiertas sin imputación ni fallo

A día de hoy, los siguientes procesos siguen abiertos y todavía no se han traducido en cargos formales ni fallos judiciales. Estos antecedentes se exponen a modo de cronología procesal y no como verdades demostradas. A raíz de su llegada a la jefatura del Estado, el artículo 117 de la Constitución restringe el progreso de las pesquisas en su contra a lo largo de su periodo presidencial, conforme a lo publicado por Gestión.

Indagación sobre las contribuciones de la campaña 2021

Una investigación preparatoria distinta quedó formalizada el 30 de septiembre de 2025 por la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Lavado de Activos. Comprende a Fujimori, Luis Galarreta, Miguel Torres, Lidman Miranda y a Fuerza Popular como persona jurídica, a quienes la Fiscalía atribuye haber integrado una organización criminal para lavar activos con los aportes de la campaña de 2021, informó RPP. La investigación tiene un plazo de 36 meses y el juez Wilson Verástegui solo dictó comparecencia simple.

Conforme a lo publicado por Infobae, la investigación del Ministerio Público contempla aportaciones ficticias cuya procedencia no ha sido declarada, la utilización de S/1.6 millones de financiamiento público para actividades proselitistas y la suma de S/1,258,708 reunida entre el 9 y el 30 de julio de 2021 con el propósito de cuestionar la victoria de Pedro Castillo. Diversos contribuyentes negaron haber efectuado los donativos que se les endilgan. Hasta el momento, no existe ni acusación ni condena.

Caso Alas Peruanas

Dentro de una indagación paralela al Caso Cócteles, la Fiscalía señala a Fujimori y a su antiguo colaborador Pier Figari como supuestos autores de lavado de activos agravado, utilizando fondos que presuntamente habrían provenido de la Universidad Alas Peruanas y del grupo vinculado a su fundador, Fidel Ramírez, progenitor del exsecretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez. Conforme a lo reportado por La República, la hipótesis del Ministerio Público abarca S/210,000 obtenidos durante 2011, S/54,536 transcurridos entre 2014 y 2015, sumado a un par de cesiones inmobiliarias situadas en Lima.

El Cuarto Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria incluyó a Fuerza Popular como persona jurídica el 30 de abril de 2025, no obstante, Gestión reportó con posterioridad que una sala de apelaciones revocó dicha inclusión y apartó a la organización política de la causa. Los procesos dirigidos contra los implicados particulares continúan vigentes y sin acusación fiscal.

Investigación por enriquecimiento ilícito (2026)

El 4 de febrero de 2026, semanas después de que se archivara el Caso Cócteles, trascendió que la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima inició una pesquisa contra Fujimori por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, de acuerdo con Infobae. El centro de las indagaciones abarca los US$3.6 millones en metálico que Dionisio Romero le habría otorgado entre noviembre de 2010 y mayo de 2011; el Ministerio Público señala que sus informes patrimoniales presentados en 2010 y 2011 en su calidad de congresista apenas sufrieron alteraciones a pesar de haber recibido dichos capitales.

A diferencia de la causa archivada que giraba en torno a la financiación de partidos, esta indagación analiza sus bienes personales. Se la catalogó como de alta complejidad y se fijó un período inicial de ocho meses. Todavía no existen imputaciones.

Fuentes consultadas