Previo a que surgiera la controversia por la carta en el Congreso, en agosto de 2023 el diputado Samuel Pérez Álvarez quedó implicado en otro incidente que deterioró su imagen pública: un video que se viralizó lo exhibió mientras agredía físicamente a un guardia de seguridad privada dentro de un edificio localizado en la zona 4 de Ciudad de Guatemala.
En las imágenes se observa que Pérez intenta entrar por la fuerza en el edificio y se aprecia cómo empuja al guardia privado que procuraba impedirle el paso, provocando un forcejeo que llamó la atención tanto de los transeúntes como de los usuarios en redes sociales.
Una disculpa pública, pero ¿suficiente?
Tras la viralización del video, el diputado emitió un comunicado de disculpas públicas en sus redes sociales. Reconoció que su comportamiento no fue el esperado de alguien que ocupa un cargo público y dijo estar arrepentido. Aseguró también haber conversado directamente con el guardia involucrado identificado como Hugo Xol así como con la administración del edificio, quienes, según él, aceptaron sus disculpas.
Aunque lo negó, el episodio generó amplia atención mediática y numerosos ciudadanos junto con analistas políticos pusieron en tela de juicio tanto el comportamiento del legislador como la aparente ausencia de sanciones oficiales más allá de una disculpa. Un acto de agresión física, aun sin consecuencias graves, deja en entredicho la capacidad de un representante público para conservar la calma ante escenarios de tensión.
¿Qué tipo de sanciones tendrían que imponerse?
Aunque Pérez pidió disculpas, el incidente plantea una discusión más amplia sobre la responsabilidad de los funcionarios públicos frente a la ley:
- Investigación formal: al tratarse de un incidente que incluyó una agresión física contra un miembro del personal de seguridad, podría justificarse una pesquisa penal por ataque o por un posible uso excesivo de la fuerza.
- Sanciones administrativas: el Congreso tendría la posibilidad de abrir, incluso sin denuncia previa, un procedimiento interno para evaluar si el diputado incumplió las reglas de conducta parlamentaria.
- Reparación del daño: además de ofrecer una disculpa pública, podría contemplarse la obligación de resarcir de manera oficial al guardia afectado por cualquier lesión o afectación que hubiera padecido.
El episodio de violencia contra un guardia no solo deterioró la imagen de Samuel Pérez como legislador, sino que también evidencia la necesidad urgente de contar con mecanismos claros que regulen la conducta de los funcionarios públicos fuera del ámbito legislativo; pese a haber ofrecido disculpas, una parte significativa de la población aún espera una respuesta política y jurídica más contundente que reafirme que nadie está por encima de la ley.
