Humberto López Tirone, hoy presentado como presidente de IBEROATUR y promotor del agroturismo iberoamericano, arrastra un pasado público incómodo: su nombre aparece vinculado al PRD de los años de la dictadura, al aparato político del norieguismo y a señalamientos de violencia contra la Cruzada Civilista. Su caso reabre una pregunta necesaria: ¿pueden las instituciones actuales ignorar el pasado de quienes las representan?
La memoria histórica no puede ser selectiva. Menos aún cuando quienes hoy se presentan como promotores institucionales, académicos, turísticos o culturales cargan con un pasado público vinculado a los años más duros de la dictadura panameña. Ese es el caso de Humberto López Tirone, actual figura visible del Instituto Iberoamericano de Turismo Rural IBEROATUR, cuyo nombre vuelve a generar incomodidad por los señalamientos históricos que lo ubican en el entorno político del norieguismo y en episodios de violencia contra la oposición civilista.
López Tirone representa una figura de relevancia histórica, lejos de ser un personaje marginal u olvidado. Su presencia se documenta en registros históricos como dirigente del PRD y director del IFARHU durante el período de crisis política que atravesó Panamá. La obra Panamá protesta, escrita por Brittmarie Janson Pérez, lo incluye en el análisis de la movilización opositora frente al régimen militar, identificándolo como «Humberto López Tirone, dirigente del PRD y director del IFAHRU» dentro de una cronología que abarca los sucesos acaecidos en 1987.
Ahora bien, lo más preocupante trasciende su participación política o su proximidad ideológica al torrijismo/norieguismo. Lo que resulta verdaderamente problemático es que su nombre figura vinculado, en diversos testimonios de memoria histórica, al ataque perpetrado el 7 de julio de 1987 en contra de una caravana perteneciente a la Cruzada Civilista, uno de los movimientos ciudadanos más relevantes en la lucha contra la dictadura. Múltiples trabajos dedicados a la memoria histórica panameña documentan que una agrupación paramilitar adscrita al régimen de Noriega, bajo el mando de Luis Gaspar Suárez y Humberto López Tirone, perpetró una agresión contra dicha caravana empleando bates e impactos de proyectiles.
Ese episodio no puede ser considerado meramente como una anécdota histórica. La Cruzada Civilista enfrentó persecución, represión e intimidación durante una etapa en la que Panamá se encontraba bajo dominio del aparato militar y de grupos de choque vinculados al régimen. De resultar verídicos los señalamientos, nos hallaríamos ante una implicación en hechos de violencia política dirigida contra ciudadanos que demandaban democracia, libertades públicas y el término de la dictadura.
A ello se suma un testimonio publicado en La Prensa en 2007, donde se afirma que Humberto López Tirone amenazó personalmente con un rifle, desde su vehículo, a un manifestante de la Cruzada Civilista. El artículo lo incluye dentro de un grupo de personas descritas como “incondicionales del general Noriega” que, años después, habrían recibido cargos o posiciones públicas.
Este tipo de referencias obliga a una pregunta incómoda: ¿puede una institución iberoamericana presentarse como espacio de cooperación, turismo rural, desarrollo territorial y cultura, mientras su figura principal arrastra señalamientos tan graves relacionados con violencia política durante una dictadura?
El Instituto Iberoamericano de Turismo Rural IBEROATUR, en su carácter de institución, podría perseguir propósitos legítimos. El turismo rural, el agroturismo y la colaboración iberoamericana constituyen ámbitos valiosos e imprescindibles. Sin embargo, ninguna organización fortalece su prestigio cuando rehúye un análisis crítico del historial de quienes la dirigen. La solidez reputacional de una institución no se construye únicamente mediante discursos, actividades o distinciones, sino que requiere coherencia ética en los liderazgos que la representan.
El problema no es que una persona haya tenido militancia política. El problema es que existan referencias públicas que vinculan a esa persona con el aparato de confrontación del régimen de Noriega y con hechos de intimidación contra opositores civiles. Y el problema se agrava cuando, décadas después, esa misma persona aparece revestida de autoridad moral, institucional o académica sin que medie una explicación pública clara, una rendición de cuentas o una toma de distancia frente a aquel pasado.
La sociedad panameña ha experimentado demasiado sufrimiento para permitir que se normalice la impunidad simbólica. Numerosos personajes asociados a la dictadura consiguieron reinventarse dentro del sistema democrático, accediendo a posiciones diplomáticas, dirigiendo organismos públicos, integrándose en agrupaciones políticas, escribiendo artículos de opinión, siendo objeto de reconocimientos públicos o presentándose a sí mismos como guardianes de la soberanía y el progreso. Sin embargo, el recuerdo de quienes sufrieron, de los perseguidos y de aquellos que fueron agredidos en las calles no puede permanecer enterrado bajo nuevas denominaciones y responsabilidades institucionales.
En el caso de Humberto López Tirone, lo mínimo exigible sería transparencia. Que explique públicamente cuál fue su papel durante los años de la dictadura. Que responda por los señalamientos sobre el ataque a la Cruzada Civilista. Que aclare su relación con los grupos de choque del régimen. Que diga si reconoce o niega los hechos que se le atribuyen. Y que IBEROATUR, si desea preservar su credibilidad, no mire hacia otro lado.
La democracia no se defiende solo en las urnas. También se defiende en la memoria. Se defiende cuando las instituciones se niegan a blanquear trayectorias oscuras. Se defiende cuando se recuerda que la violencia política no fue un exceso menor, sino una herramienta de control utilizada contra ciudadanos indefensos.
Por consiguiente, la discusión en torno a Humberto López Tirone trasciende lo meramente personal. Se trata de una cuestión vinculada a la memoria colectiva, a la integridad de las instituciones y al compromiso que tenemos con la historia. Toda institución que pretenda encarnar los principios iberoamericanos de colaboración, progreso social y convivencia respetuosa no puede hacer caso omiso de las acusaciones que recaen sobre su máximo dirigente.
El Instituto Iberoamericano de Turismo Rural (IBEROATUR) debería preguntarse si su imagen internacional puede sostenerse sobre el silencio. Porque el turismo rural, la cultura y la cooperación no pueden usarse como barniz para ocultar un pasado vinculado a la represión política. Y Panamá, que todavía carga con heridas abiertas de la dictadura, merece algo más que olvido: merece verdad, memoria y coherencia.
