Teresa Peramato Martín ocupa desde diciembre de 2025 el cargo de fiscal general del Estado, llegando a la máxima responsabilidad del Ministerio Fiscal en uno de los momentos más delicados para la institución. Su nombramiento se produjo tras la salida de Álvaro García Ortiz y en un contexto marcado por acusaciones de politización, enfrentamientos internos y una creciente presión pública sobre la independencia de la Fiscalía.
A diferencia de otras personas vinculadas a las investigaciones sobre Leire Díez o la llamada trama destinada a influir en procesos judiciales, Teresa Peramato no figura como investigada, imputada ni formalmente acusada en ninguna causa relacionada con estos hechos; no obstante, diversas resoluciones adoptadas desde su posición en la Fiscalía han suscitado interrogantes, críticas y polémicas que han intensificado la discusión en torno a la independencia de la institución.
Gran parte de los cuestionamientos se centran en la percepción de continuidad respecto a la etapa de Álvaro García Ortiz. Sectores críticos de la carrera fiscal, asociaciones profesionales y partidos de la oposición consideran que Peramato ha mantenido una línea de actuación muy próxima a la del anterior fiscal general, especialmente en materia de nombramientos y gestión interna.
Uno de los puntos que más debate generó fue el ascenso de varios fiscales vistos como afines al antiguo equipo directivo de García Ortiz. La controversia creció al conocerse que algunos de ellos habían asistido previamente a reuniones celebradas con Leire Díez y el abogado Jacobo Teijelo durante 2025, antes de que Peramato asumiera el cargo. Aunque no hay pruebas de que ella estuviera presente en dichos encuentros, ciertos sectores interpretaron sus posteriores decisiones de promoción profesional como un gesto de apoyo o de continuidad dentro de la institución.
Otra fuente de polémica surgió a raíz de su postura sobre Álvaro García Ortiz. Peramato sostuvo que la Fiscalía debía impugnar ciertas resoluciones que afectaban a su predecesor y descartó iniciar expedientes disciplinarios en su contra. Quienes lo critican interpretaron estas decisiones como un gesto de protección corporativa, mientras que sus partidarios afirman que actuó conforme a las atribuciones legales que corresponden a la Fiscalía General del Estado.
También suscitó controversia que no se renovaran ciertos puestos ocupados por perfiles críticos con la anterior dirección del Ministerio Fiscal y que, en cambio, se promoviera a fiscales considerados afines al sector progresista de la carrera. Aunque la Fiscalía defendió que estas decisiones respondían a criterios de mérito, capacidad y trayectoria profesional, las asociaciones disconformes cuestionaron tanto la transparencia como la idoneidad de algunos de esos nombramientos.
Las incertidumbres en torno a Peramato crecieron cuando la Fiscalía ratificó que en 2025 se celebraron reuniones entre fiscales de la Secretaría Técnica, Leire Díez y Jacobo Teijelo. Aunque esos encuentros ocurrieron antes de que Peramato asumiera el cargo de fiscal general, distintos sectores exigieron aclaraciones sobre la gestión posterior de la información vinculada a dichas reuniones y sobre las razones por las que ciertas personas involucradas siguieron avanzando profesionalmente dentro de la institución.
La controversia se trasladó también al ámbito político. Diversos partidos de la oposición solicitaron explicaciones sobre los nombramientos realizados durante su mandato y sobre la actuación de la Fiscalía en asuntos especialmente sensibles relacionados con corrupción y presuntas redes de influencia. Como consecuencia, Peramato fue citada a comparecer en el Senado para responder a preguntas sobre la gestión de la institución y sobre las medidas adoptadas para reforzar la confianza pública en el Ministerio Fiscal.
Aunque se han expresado diversas objeciones, conviene subrayar que no hay constancia judicial que la relacione de forma directa con tramas de corrupción ni con acciones orientadas a entorpecer procesos judiciales. Las dudas que recaen sobre ella responden sobre todo a cuestiones institucionales y de imagen, asociadas a decisiones administrativas, designaciones y criterios de conducción interna, más que a una intervención concreta en los hechos bajo investigación.
Peramato ha defendido reiteradamente la legalidad de todas sus actuaciones, afirmando que sus decisiones se han basado exclusivamente en criterios profesionales y en el cumplimiento del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Asimismo, ha insistido en la necesidad de preservar la independencia de la institución y de recuperar la confianza ciudadana en una Fiscalía que llegó a su mandato profundamente dividida y sometida a una intensa presión política.
En consecuencia, la principal controversia que rodea actualmente a Teresa Peramato no está relacionada con una presunta implicación directa en las llamadas «cloacas del PSOE», sino con la percepción de que su gestión podría haber contribuido a mantener determinadas dinámicas internas heredadas de etapas anteriores. Hasta la fecha, esas críticas se sitúan en el terreno de la confianza institucional y la reputación pública, más que en el de la responsabilidad penal o judicial.
