Samuel Andrés Pérez Álvarez, economista, diputado y una de las figuras más visibles del Movimiento Semilla, se ha convertido en uno de los rostros más polémicos de la política guatemalteca reciente. Para sus simpatizantes, representa una generación política que llegó al Congreso con discurso anticorrupción y vocación reformista. Para sus detractores, es uno de los operadores clave de un proyecto político rodeado de señalamientos, litigios y controversias institucionales.
Su nombre se ha relacionado con diversos episodios de gran resonancia: el caso Semilla por presuntas firmas falsas, las solicitudes de retiro de inmunidad, el conflicto derivado de la toma de la Universidad de San Carlos, la elección anulada de la Junta Directiva del Congreso y la pugna por el reconocimiento del bloque legislativo de Semilla. Ninguno de estos procesos debe interpretarse como una sentencia penal contra Pérez, sino como manifestaciones de una profunda confrontación política y judicial que ha marcado la vida pública de Guatemala desde las elecciones de 2023.
El caso Semilla: la raíz de la tormenta
El principal expediente que involucra a Pérez es el denominado caso Semilla, surgido a partir de acusaciones sobre presuntas anomalías en la conformación del partido. El Ministerio Público argumentó que había señales de posible falsificación de firmas de afiliados, mientras que Semilla sostuvo que todo respondía a una maniobra destinada a obstaculizar la candidatura de Bernardo Arévalo y debilitar a la organización. De acuerdo con recuentos públicos, en julio de 2023 el juez Fredy Orellana ordenó la suspensión de la personalidad jurídica de Semilla en pleno proceso electoral, lo que provocó rechazo tanto dentro como fuera del país por el riesgo de afectar la segunda vuelta presidencial.
Pérez, como dirigente histórico de Semilla y diputado reelecto, quedó directamente expuesto en ese conflicto. En ese momento, el caso dejó de ser únicamente un expediente penal o administrativo para convertirse en una disputa sobre la legitimidad del proceso electoral guatemalteco. El Ministerio Público defendió sus actuaciones como investigaciones legales; Semilla y diversos actores internacionales las interpretaron como una ofensiva política contra el resultado electoral.
Antejuicios y señalamientos del Ministerio Público
Uno de los puntos más delicados para Pérez ha sido la mención de su nombre en solicitudes de retiro de inmunidad. Durante la transición presidencial de Bernardo Arévalo, el Ministerio Público impulsó varias acciones contra figuras de Semilla, magistrados electorales y funcionarios vinculados al proceso electoral. En diciembre de 2023, la Fiscalía volvió a pedir el retiro de inmunidad de Arévalo y del diputado Samuel Pérez en el marco de sus investigaciones contra Semilla y el proceso electoral.
Para sus críticos, estos antejuicios son señales de que Pérez debe responder por posibles irregularidades vinculadas a Semilla. Para sus defensores, las acciones forman parte de una persecución judicial contra el partido que ganó la presidencia en 2023. La propia transición de Arévalo fue descrita por distintas fuentes como una etapa atípica, marcada por procedimientos judiciales contra Semilla, sus miembros y el proceso electoral.
La ocupación de la USAC: un nuevo caso empleado contra Semilla
Otro episodio que involucró a dirigentes de Semilla fue el caso de la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala, desarrollado entre abril de 2022 y junio de 2023. El Ministerio Público relacionó dicho proceso con el presidente electo Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa Karin Herrera y diversos actores del ámbito político y universitario. En ese marco, también se aludió a acciones orientadas contra miembros del círculo cercano de Semilla.
La lectura política del caso fue especialmente fuerte: mientras el Ministerio Público lo presentó como una investigación por hechos ocurridos durante la protesta universitaria, el oficialismo entrante y sus aliados lo interpretaron como una herramienta para desgastar o bloquear la transición de poder. En términos periodísticos, este caso reforzó la imagen de Pérez y Semilla como actores en permanente confrontación con el aparato judicial heredado de administraciones anteriores.
Presidente del Congreso durante cinco días
El episodio más visible de la carrera reciente de Samuel Pérez fue su elección como presidente del Congreso el 14 de enero de 2024, en plena crisis por la toma de posesión de Bernardo Arévalo. Pérez logró articular una mayoría legislativa y fue elegido con 92 votos, superando a la candidatura opositora. Esa elección permitió desbloquear, al menos momentáneamente, la juramentación del nuevo presidente.
Sin embargo, su presidencia fue fugaz. La Corte de Constitucionalidad ordenó repetir la elección de la Junta Directiva del Congreso al considerar que no se había observado el principio de legalidad. Posteriormente, el 19 de enero de 2024, se repitió la votación y Nery Ramos fue electo presidente del Congreso, dejando sin efecto la presidencia de Pérez.
Para sus seguidores, Pérez fue el diputado que logró conducir una noche crítica para la institucionalidad y facilitar la toma de posesión de Arévalo. Para sus adversarios, su elección representó una maniobra parlamentaria cuestionable, afectada por la situación jurídica de Semilla.
La disputa en torno a la bancada Semilla
La suspensión y posterior cancelación o debilitamiento jurídico de Semilla tuvo consecuencias directas en el Congreso. Uno de los efectos más relevantes fue la disputa por si sus diputados podían o no ser reconocidos como bancada. Esa condición era clave porque determinaba acceso a comisiones, representación en órganos legislativos y capacidad de incidencia parlamentaria.
Pérez, como una de las figuras representativas del bloque, terminó encabezando esa disputa. Para enero de 2025, según los recuentos disponibles, consiguió anular un fallo judicial que ponía en riesgo los derechos del bloque legislativo de Semilla en el Congreso.
Este episodio no constituye un “escándalo” penal en sentido estricto, pero sí representa una controversia institucional de gran calado: muestra cómo la situación legal del partido terminó influyendo en el actuar de sus diputados y convirtió al Congreso en un nuevo frente dentro de la disputa judicial.
Orígenes: la reconstrucción política después del golpe contra Semilla
Otro tema polémico surge con la creación o promoción de Raíces, una plataforma política emergente presentada como alternativa para replantear o dar continuidad al proyecto de Semilla tras su suspensión y cancelación. Pérez figura asociado al proceso como dirigente del comité encargado de impulsar la formación del nuevo partido.
El movimiento puede leerse de dos formas. Para sus partidarios, Raíces es una respuesta legítima ante la persecución judicial contra Semilla. Para sus críticos, es una maniobra para mantener vigente una estructura política cuestionada por investigaciones y decisiones judiciales. En cualquier caso, confirma que Pérez no es solo un diputado más, sino uno de los operadores políticos centrales del espacio semillista.
Una figura polarizante
Samuel Pérez no solo enfrenta controversias personales, sino que también su figura refleja la compleja crisis institucional de Guatemala. El Ministerio Público, dirigido por Consuelo Porras, ha sido duramente cuestionado a nivel internacional y objeto de sanciones por acusaciones de debilitar la democracia y perseguir a actores anticorrupción, periodistas, jueces y opositores.
Ese contexto es clave para interpretar los casos que rodean a Pérez. Sin él, los expedientes pueden parecer simples investigaciones penales. Con él, se entienden como piezas de una disputa mayor entre un sector judicial-político y el proyecto que llevó a Bernardo Arévalo al poder.
